Un nuevo Proyecto de Ley impulsado por fuerzas ultraconservadoras pretende erradicar el enfoque de género y limitar los derechos de mujeres, niñas, adolescentes y minorías.
Introducción
En el portal del Congreso de la República se ha publicado el Proyecto de Ley 3610/2018-CR suscrito por integrantes de la bancada de Fuerza Popular y de otras agrupaciones afines, “que promueve la adopción de la perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres y excluye del ordenamiento jurídico y las políticas públicas todo término que haga referencia a la ideología de género y a cualquier otro que atente contra la igualdad entre mujeres y hombres”.[1]
El propósito de fondo de este Proyecto de Ley es implementar en el Estado una agenda ultraconservadora de limitación de los derechos de los peruanos a oportunidades, protección social y asignación de recursos, particularmente de mujeres, niñas, adolescentes y de minorías del país, y de limitación de las responsabilidades y acciones del Estado en este campo. La agenda ultraconservadora nuevamente pretende imponer controles sobre los cuerpos, mentes, roles y proyectos de vida de los peruanos, inventando el fantasma de una ideología de género que buscaría destruir la familia.
El modelo de familia conservadora a la que aspiran es aquella donde la mujer se encuentra subordinada a las labores domésticas y es sumisa a los mandatos del marido y a su rol biológico reproductivo, donde la fertilidad es dejada a los designios divinos, donde los hijos son privados de las competencias para lidiar con su sexualidad y asumir una postura responsable frente a ella, para asumir una socialización respetuosa y solidaria y de rechazo a la estigmatización, odio y violencia contra minorías que no encajan en el patrón binario heterosexual.
En la dimensión más social, la propuesta conservadora, no ayuda a enfrentar y es pasiva frente a la ola creciente de violencia contra la mujer, no es proclive al reclamo de derechos y reivindicaciones y de oportunidades para el acceso de las mujeres a trabajos y posiciones en cargos privados y públicos de responsabilidad, no contribuye a empoderar a las niñas y adolescentes para manejar su sexualidad y controlar el embarazo no deseado, no genera actitudes solidarias para quienes expresan diversas formas de expresión sexual.
Las fuerzas ultraconservadoras detrás de esta iniciativa
Entre los firmantes de este Proyecto de Ley se encuentran los congresistas de Fuerza Popular: Luis Fernando Galarreta, Karina Beteta, Guillermo Martorell, Nelly Cuadros, , María Ramos, Carlos Heresi, Rosa Bartra, Marco Miyashiro, Tamar Arimborgo, Moisés Guía, Milagros Salazar, Lizbeth Robles, César Campos, César Izquierdo, Juan Carlos Yuyes, Juan Carlos Ardiles, Wilmer Aguilar.
Sin embargo, ellos no son sino la cara visible en el Congreso de la alianza fáctica ultraconservadora de católicos y evangélicos del país, entre los que destacan la Conferencia Episcopal Peruana[2], el cardenal Cipriani[3],[4], el alcalde Castañeda Lossio[5], y representantes de varias poderosas iglesias evangélicas peruanas identificadas con el colectivo “Con mis hijos no te metas”,[6] [7] cuyo portavoz más visible es el pastor Christian Rosas; todos ellos en una cruzada religiosa en contra de la supuesta “ideología de género” presente en el Currículo Básico Nacional 2016. Contrariamente, llama la atención que personalidades como el nuevo cardenal Pedro Barreto, mantengan una postura serena, moderada y de diálogo respecto del enfoque de género.[8]
Los objetivos explícitos del Proyecto de Ley
Se pretende con este Proyecto de Ley “excluir del ordenamiento jurídico y de las políticas públicas del Estado de todo término referido a la ideología de género y cualquier referencia que atente contra la igualdad entre mujeres y hombres, a fin de cumplir, promover y garantizar la igualdad reconocida en la Constitución Política”.
En términos operativos, se busca reemplazar la palabra “género” por el de “mujeres y hombres”; a) modificar artículos de la Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres[9]; b) modificar la denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como el Ministerio de la Familia; c) modificar la denominación del Decreto Legislativo Nº 1297, como Decreto Legislativo para la Protección de Niños y Adolescentes sin cuidados parentales o en Riesgo de perderlos[10]; d) obligar a que todas las entidades públicas, indistintamente de su nivel en el organigrama estatal, adecúen y actualicen todas las normas, resoluciones, guías de su competencia bajo la perspectiva de igualdad.
Este Proyecto de Ley pone en evidencia de que es parte de una ofensiva más amplia que tuvo como hito el rechazo del colectivo “Con mis hijos no te metas” al Currículo Básico Nacional 2016, que produjo la censura de dos ministros de educación y que interpuso acciones judiciales para evitar que el Currículo se implementara. Al respecto, es importante reconocer el contundente desenmascaramiento que en su momento hizo la periodista católica Rosa María Palacios a los argumentos falaces sobre la “ideología de género” de los ultraconservadores existentes en el mencionado Currículo.[11]
Estamos, sin embargo, frente a una ofensiva internacional, orquestada en diferentes países: Costa Rica, Colombia, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Perú, contra el enfoque de género y los derechos y oportunidades que le subyacen, teniendo como eje las falacias contenidas en la denominada “ideología de género” y el dinamismo de operadores internacionales alimentando los aprestos nacionales. La Declaración de México, que refleja la agenda programática conservadora, suscrita en 2017 por más de 600 parlamentarios de la región, entre ellos 13 peruanos (relatado de manera extraordinaria por J. Castro en Ojo Público)[12] es una evidencia contundente de la concertación de fuerzas internacionales. Los coincidentes ataques a la política y currículo educativo en varios países: Perú, Paraguay[13] y Argentina[14], son asimismo una muestra de lo que señalamos.
Las repercusiones no previstas del Proyecto de Ley
Un Proyecto de Ley con cuatro artículos, cinco disposiciones complementarias transitorias y una disposición complementaria derogatoria, sustentados en una débil y confusa justificación técnico-jurídica, pretende ser suficiente para producir el ansiado desplome del enfoque de género del marco jurídico y normativo nacional.
Este Proyecto entra en contradicción con el Acuerdo Nacional (Política Nº 11: Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación)[15] y contradice lo propuesto por Fuerza Popular en su Plan de Gobierno 2016-2021[16], respecto del enfoque de género, recogido por el mencionado Acuerdo; igualmente confronta con el Código del Niño y Adolescente -Ley Nº 27337, (Artículo 15º: A la educación básica)[17]; y colisiona con acuerdos internacionales suscritos por el Estado Peruano; sobre todo con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible acordada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (particularmente con los Objetivos de Desarrollo 4 y 5: a) “ODS4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Meta 4a: Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.[18] b) OD5 Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Meta 5c: Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.”[19]
El urgente pronunciamiento del Colegio Médico del Perú y la academia
La sociedad peruana se encuentra en una coyuntura especial de ofensiva de fuerzas ultraconservadoras que buscan arrinconar y conducir el Estado e incidir sobre la legislación y políticas. Si estas no son enfrentadas y denunciadas, las políticas públicas se verán afectadas progresivamente; en el caso de la salud pública: se afectará la educación sexual, se pondrán restricciones a los programas de salud de adolescentes, se limitarán los servicios de salud reproductiva, se retrocederá a tiempos en los cuales los programas de salud reproductiva sufrieron las consecuencias de posturas católicas conservadoras”, como ya sucedió en gestiones bajo ministros ultraconservadores en el gobierno de Alejandro Toledo.[20]
Asumir el enfoque de género es fundamental para buscar la justicia y la igualdad, en tanto alude a factores culturales y sociales que se construyen históricamente alrededor de la diferencia biológica entre los sexos (genética, cerebral, hormonal, anátomo-morfológica) y que intervienen como determinantes para explicar la situación de inequidad. Si bien es importante reconocer que ser varón y ser mujer connota el hecho biológico de tener órganos sexuales masculinos y femeninos, resulta igualmente importante reconocer los efectos de la organización y distribución del poder, la determinación de “roles” y la asignación diferenciada de espacios sociales a los varones y a las mujeres, en cuanto configuraciones de orden cultural, que pueden ser injustas y propiciar formas de exclusión (como adecuadamente lo precisa Salomon Lerner Febres).[21]
La defensa del enfoque de género es fundamental para ampliar los derechos y oportunidades de las mujeres, niñas, adolescentes y minorías, para construir una sociedad más saludable, solidaria y justa. Corresponde al Colegio Médico del Perú y a la academia pronunciarse sin dilaciones.
